[04/05/2003]. Ante la resolución del Tribunal Supremo que impide la presentación en las próximas elecciones de distintas agrupaciones de electores, Elkarri en una primera valoración de urgencia desea manifestar su absoluto desacuerdo con esta decisión en base a tres bloques de razones:

1. Procedimientos

El procedimiento seguido anula la autenticidad jurídica del proceso, no ha alcanzado siquiera la categoría de procedimiento aparentemente democrático. Hemos asistido a un «proceso sumarísimo», sin comunicación a los afectados de las razones de la demanda, sin plazos razonables para la presentación de los recursos, sin tiempo material para las deliberaciones en el tribunal, con graves errores de bulto y con una resolución genérica para 241 grupos afectados.

2. División de poderes

La anticipación política y gubernamental del resultado de las deliberaciones del Tribunal Supremo ha resultado bochornosa, contamina todo el proceso e informa de que, en determinados casos, el principio de la división de poderes queda anulado en España. En pocos casos como en éste ha podido comprobarse tan claramente el impulso y la dirección política de la actuación judicial. El «unanimismo» político, mediático, y judicial del gobierno, la oposición y los distintos poderes no fortalece la democracia sino que la deja desamparada porque desactiva el principio de contradicción y priva a la ciudadanía de la garantía de un control crítico de las actuaciones gubernamentales.

3. Derechos y libertades

El argumento en el que se basa la resolución del Tribunal Supremo, aduciendo que algunos de los integrantes de las coaliciones de electores afectadas formaron parte de partidos hoy ilegalizados —cuando éstos eran legales—, despoja de sus derechos civiles y políticos básicos a personas sobre las que no pesa sentencia judicial alguna que les prive de los mismos. Se vulnera de este modo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que en su artículo 25 es inequívoco. Esta resolución del Tribunal Supremo viola de un modo directo el artículo 23 de la Constitución española que garantiza el derecho constitucional a la participación en los asuntos públicos. Cercena la libertad ideológica, de expresión o de pensamiento, la libertad de opción política, la libertad para crear partidos o coaliciones de electores y la libertad de expresión electoral. Erosiona gravemente el principio de igualdad, el principio del pluralismo y el principio del sufragio universal.

La democracia es el gobierno de la mayoría sometiendo esta acción de gobierno a tres tipos de contrapesos: el cumplimiento escrupuloso de los procedimientos, la garantía de controles de instancias independientes asentados en la división de poderes, y el respeto de los derechos y libertades de los ciudadanos. Cuando se burlan los procedimientos, desaparecen los controles y no se respetan los derechos civiles y políticos, se ha impuesto el principio del «todo vale» y la democracia experimenta un retroceso hacia sistemas predemocráticos o autoritarios. Elkarri denuncia la sustitución del imperio de la ley por el imperio del «todo vale».

El resultado de este proceso trae como consecuencia la exclusión de un sector social y político que existe y es necesario para la búsqueda de la paz y la normalización. La exclusión desgarra la convivencia y es un factor generador de conflictos crónicos. Lejos de contribuir a crear condiciones para la paz, favorece el enfrentamiento y la crispación. El camino para la normalización de la convivencia y para la paz se asienta en la más firme oposición frente a la violencia, en la adhesión inequívoca a los principios democráticos, en el respeto al pluralismo y en el compromiso con un diálogo que incluya las diferentes sensibilidades políticas.